DESPUÉS DEL BLINDAJE: FINANCIAMIENTO PRIVADO Y ESTATAL
Plan de obras públicas que busca crear 400 mil empleos |
En el 2001 comenzarán obras por 924 millones de dólares · En 5 años se invertirán 20.500 millones
Con la aprobación por decreto del nuevo régimen jurídico que promueve la participación privada en la ejecución de obras públicas, el Gobierno pondrá en marcha en las próximas horas el soporte más original del Plan Federal de Infraestructura (PFI).
Se trata del "Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura" (FFDI), una suerte de "blindaje" que el Estado le ofrecerá a las empresas privadas para "garantizar" el pago de las obras. Los privados a partir de ahora deberán hacerse cargo de la financiación de un tercio de los proyectos previstos en el plan federal de Infraestructura.
El plan quinquenal de obras públicas -con el cual las autoridades nacionales esperan reactivar la construcción y dar empleo a 400 mil personas- prevé una inversión global de 20.500 millones de pesos.
El total de esa cifra se cubrirá mediante tres vías:
· El 35% de las obras corresponden a las inversiones y contratos que deben cumplir los operadores privados que tienen a su cargo las concesiones de: rutas, servicios sanitarios, transporte ferroviario y aeropuertos.
· Otro 30% de las inversiones serán llevadas adelante -mediante el mecanismo tradicional de obras públicas- por los organismos estatales, los entes binacionales y las provincias.
· El 35% restante de las obras serán encaradas bajo el paraguas del "nuevo esquema de financiamiento", que fue diseñado para garantizar la inserción de las empresas privadas en los emprendimientos de infraestructura.
Con el nuevo mecanismo previsto en el FFDI, los funcionarios podrán encarar, en cinco años, un paquete de obras por casi 7.000 millones de pesos sin necesidad de que el Estado tenga que desembolsar recursos en forma inmediata.
De acuerdo con lo anunciado por el secretario de Programación Económica, Miguel Bein, entre los meses de enero y marzo saldrán a licitación las primeras obras bajo este esquema por un total de 924 millones de pesos. Para el debut del nuevo mecanismo se escogieron 19 proyectos hídricos y viales que beneficiarán a 16 provincias.
A diferencia del tradicional sistema de contratación pública, donde el Estado licita y paga los trabajos a medida que se va construyendo, el nuevo esquema del FFDI prevé licitar las obras mediante un sistema de contratación "llave en mano" y de leasing con opción a compra.
De esta manera, el Estado se asegura que recién comenzará a pagar las obras cuando estén terminadas y con el desembolso de cánones periódicos que pueden llegar a superar los 20 años de plazo.
Con este esquema, el Gobierno se desentiende de la responsabilidad de ser el prestador primario de los servicios y deja todo el peso de la inversión y el financiamiento inicial a cargo del sector privado.
En principio, el Fondo tendrá una duración de tres décadas, pero en caso de ser necesario podrá estirarse hasta cubrir las obligaciones que surjan de las obras a pagar a largo plazo.
El principal objetivo del "Fondo" será asegurar el pago de las obras que ejecutarán las empresas privadas.
Además, actuará como un "garante adicional" de las obligaciones de pago que asuman los entes públicos que llevarán adelante las obras de infraestructura.
Para dar sus primeros pasos, el fondo recibirá del Estado nacional un valioso listado de terrenos e inmuebles.
Se trata de los bienes que pertenecieron a los ex Ferrocarriles Argentinos, entre los cuales se encuentran las playas de cargas de la Capital Federal, los terrenos de la zona de Retiro y los predios de las estaciones localizadas en las principales ciudades del país.
Ahora bien, con estas reglas de juego, el papel de los bancos resultará clave para asegurar el éxito del nuevo sistema.
Del sector financiero dependerá que las empresas constructoras puedan acceder al capital inicial que necesitarán para encarar las obras que luego cobrarán en plazos que oscilarán entre los 10 y 20 años.
Si los créditos no aparecen, o se otorgan con tasas de interés superiores al 15% anual, el esquema de repago jugará en contra del Estado y, en vez de abaratar el costo de las obras, se podría terminar pagando más de la cuenta y con el agravante de que quedaría comprometida buena parte de los recursos de las futuras administraciones.
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ANTONIO ROSSI / Clarín (Argentina), Jueves 28 de diciembre de 2000 |
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