DECRETO PRESIDENCIAL
Prohíben que ex empleados públicos vuelvan al Estado |
El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer, antes de partir hacia Bolivia, dos decretos para poner en caja a la administración pública nacional. Uno de ellos prohíbe que quienes hayan dejado su lugar al acogerse al retiro voluntario puedan volver a ocupar cargos en el Estado.
El otro, establece un registro para todas las designaciones. De esta manera se refuerza el control para que los organismos estatales cumplan con el congelamiento de vacantes y para evitar dobles designaciones.
Según se informó De la Rúa firmó, antes de partir a Bolivia para una visita de 36 horas, el decreto que prohíbe que vuelvan a convertirse en empleados públicos quienes hayan optado por el retiro voluntario.
La medida especifica que quienes se acojan a ese sistema no podrán ser designados en planta permanente o transitoria, ni incorporados bajo ninguna modalidad de contrataciones, con o sin relación de dependencia, por un período de 5 años. Para controlar esa norma se creará un registro de seguimiento de esas situaciones laborales.
Esa prohibición abarca a los cargos de las autoridades superiores, titulares de entes, designaciones en representación del Estado Nacional, asesores de gabinete y todo tipo de vinculación contractual.
Además, ordenó la confección de un registro de nombramientos, de modo de que no se viole la premisa gubernamental del congelamiento de vacantes y de evitar las dobles designaciones.
Por ese otro decreto, el Gobierno dispuso que las jurisdicciones y entidades del Ejecutivo Nacional deberán informar las altas y bajas de su personal permanente y transitorio y de aquellos que efectúen prestaciones personales bajo contrataciones con periodicidad mensual, a partir de noviembre del 2000.
La decisión presidencial se enmarca en el Sistema de Retiro Voluntario que el Ejecutivo reglamentó en febrero pasado, y que incluyó a toda la administración pública, a través del pago de indemnizaciones en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas a quienes salieran por voluntad del Estado.
Cuando decretó el ajuste en la administración pública nacional, vía el sistema de retiros voluntarios, el gobierno planeó un ahorro de 1.400 millones de pesos.
Entre los fundamentos de la medida oficial, el gobierno había señalado entonces la necesidad de "obtener una mayor eficiencia y racionalizar el gasto público".
Con los decretos hubo un anexo de 20 artículos donde se detalla quiénes tendrán prohibido reingresar al sistema. Cuando se reglamentó el retiro voluntario en febrero, quedaron excluidos el personal de las Fuerzas Armadas que preste servicios militares, el de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad y el de la SIDE.
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El Clarín (Argentina),
Lunes 6 de noviembre de 2000 |
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