REFORMAS LABORALES:
El mundo va para otro lado |
Desde el bufete donde ejerce como asesor laboral de empresas, el ex director del Trabajo Enrique Uribe reacciona ante el curso que han tomado las reformas laborales y previene sobre lo inadvertidas que han pasado las facultades que le da el proyecto a la Dirección del Trabajo.
Ni las repetidas señales de división del oficialismo en torno a las reformas laborales, ni los esfuerzos por buscar un acuerdo con el empresariado y la CUT fueron suficientes. Hoy el proyecto laboral está más confuso que nunca y la posibilidad de que el Gobierno pase la aplanadora de su mayoría en el Parlamento dejó de ser un fantasma retórico para convertirse en una probabilidad cierta.
Sólo los más pesimistas pensaron que las cosas llegarían a este punto. Mal que mal, el Ejecutivo se paseó durante un año por las habitaciones de moros y cristianos, pregonando que nada se haría sin acuerdo. Pero el diálogo con los empresarios no resultó. Tampoco las charlas con la CUT. Y bastó el fervor de un encuentro de los partidos concertacionistas, el lunes pasado, para que la negociación interempresas y la no contratación de personal de reemplazo en período de huelga - elementos postergados hasta nuevo aviso por demasiado conflictivos- se reintegraran.
Los primeros dardos acusadores apuntaron al Partido Socialista y a su afán de presionar a las autoridades para dotar de un énfasis social a la agenda gubernamental durante el 2001. Pero una mayoría piensa que ésa es sólo la gota que rebasó el vaso y que el proyecto adolece de un mal incurable, del que nadie y todos tienen la culpa: querer darle en el gusto al mundo entero. Precisamente, ésa es la idea del abogado Enrique Uribe, ex jefe del Ministerio del Trabajo en 1982 y Director del Trabajo entre 1983 y 1985. En su opinión, por hacer las cosas políticas y no técnicamente correctas, también se ha insistido en modificar un esquema laboral que probadamente ha dado resultados. Esa decisión, dice, nos hace caminar hacia una rigidez de la que la mayoría de las naciones se aleja.
¿Qué sucederá? La bitácora de este último año enseña que habría que ser mago para saberlo. Aun así, Uribe, socio de Ossandón, Uribe & Hübner Abogados y asesor laboral de empresas, se refiere a los efectos del proyecto y a algunos de sus contenidos que han pasado inadvertidos bajo el temporal, pero que, en su opinión, igual atentan en contra de la flexibilidad del mercado.
- ¿Qué opina de la nueva propuesta de la Concertación de incluir en el proyecto de reforma laboral la negociación interempresa y la no contratación de personal de reemplazo en período de huelga?
- Una negociación inter-empresa que tienda a unificar las remuneraciones, va totalmente en contra de la libre competencia. Antiguamente, existía una negociación por área de actividad, pero con una política de fijación de precios por parte del Estado, y la gente se olvida de eso. En este proyecto todo el peso se lo llevan las empreas. Hoy la libre competencia necesita tener la mayor flexibilidad en cuanto a los precios y costos que maneja internamente cada empresa.
- ¿Coincide con que esta inclusión se debe a presiones políticas?
- Creo que son básicamente presiones políticas. No existe ningún elemento económico que haga pensar que la negociación interempresa o la no contratación de reemplazantes, como quiere la CUT, sea un elemento beneficioso. A fines del año pasado, con motivo del ingreso con trámite de urgencia de las reformas laborales, muchos senadores y miembros del oficialismo se manifestaron absolutamente contrarios a las reformas laborales, especialmente a la contratación en huelga y a la negociación interempresa. Estamos hablando de Alejandro Foxley y del propio ministrio De Gregorio. El problema es que Foxley, por ejemplo, siendo contrario a las reformas, igual las aprobó. Es una cuestión de presiones políticas o de consecuencia política con el programa que tenía Lagos.
- ¿Cómo piensa que va a terminar el asunto esta vez?
- Desafortunadamente, lo que ha ocurrido nos tiene totalmente desorientados. Pienso que las reformas laborales, sean buenas o malas, con reemplazo o sin reemplazo, tienen que zanjarse, porque este país necesita estabilidad. Si es sin reemplazo en huelga lo encontraría lamentable, pero al menos habría estabilidad en el sentido de qué horizonte se tiene en el futuro.
- Pero para despejar los horizones el Gobierno podría haber pasado la aplanadora antes.
- Claro, y no lo ha hecho, precisamente, porque sabe que estas reformas no son buenas. El proyecto, sin incluir el reemplazo ni la negociación interempresa, fue introducido a través del Senado sin trámite de urgencia. La verdad es que aparentemente no existe apuro por legislar, porque hay conciencia de que la legislación actual no es tan mala como se dice, sino que, por el contrario, es bastante buena. Hoy el grado de conflictividad laboral no tiene nada que ver con el que existía antes del actual esquema, que es de principios de los 80. Hoy se pelean aumentos reales de remuneración de acuerdo con la realidad de cada empresa, no de acuerdo a la realidad de todas las empresas, con un papá Fisco al lado que va a estar fijando los precios.
- ¿Cómo cree que reaccionarán los índices de desempleo ante el nuevo escenario de reformas?
- Mientras más rígida sea una legislación laboral, está comprobado que se produce un mayor desempleo y déficit en la economía. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tiene una legislación absolutamente flexible. Tanto que allí ni siquiera se quiere tener contrato escrito de trabajo para que una persona se entienda empleada. Es más, se contratan reemplazantes durante la huelga y no sólo eso, si los reemplazantes son contratados en forma permanente, quienes estaban en huelga no pueden volver a la empresa. Hay hechos empíricos que comprueban que la mayor flexibilidad favorece el empleo. En Estados Unidos quien quiere tener un empleo lo tiene.
- Independiente de la negociación interempresa y la no contratación en huelga, ¿por qué considera usted que el proyecto es tan rígido?
- A esta iniciativa se le ha llamado el proyecto de la flexibilidad y yo creo que, al revés, todas las reformas que se han ido haciendo en el último tiempo tienden a la inflexibilidad. Y el mundo va para otro lado. El proyecto que ingresó al Congreso a través del Senado, sin los dos puntos supuestamente más conflictivos, incluye varios aspectos donde se le da mayores facultades a la Dirección del Trabajo, lo que no debiera ser, porque son facultades que tienen por objeto suplir lo que hacen los tribunales de justicia, que es juzgar las causas conforme a un debido proceso.
- ¿En qué situaciones la Dirección incurre en eso?
- Cuando se atribuye la facultad de determinar si existe o no una relación laboral. Hoy lo hace en la práctica, pero a través de muchísimos recursos de protección. Las mismas cortes de apelaciones del país y la Corte Suprema han declarado que la facultad de determinar la existencia o inexistencia de una relación laboral es una facultad que corresponde a los tribunales de justicia, a través de un debido proceso donde las partes puedan hacer valer sus alegaciones y aportar las pruebas. Y no a través de imposición por parte de la Dirección del Trabajo.
- Concretamente, ¿a quiénes afecta esa facultad de la Dirección del Trabajo?
- Fundamentalmente a los contratistas y subcontratistas, porque muchas veces la dirección ha estimado que los trabajadores de un subcontratista son trabajadores de la empresa contratante y eso es ilegal, porque la subcontratación está permitida en el Código del Trabajo. La posibilidad de subcontratar le da movilidad al trabajo y favorece su especialización. Pero es un hecho que a la dirección no le gusta la subcontratación, porque tiene miles de fantasmas.
- ¿Qué porcentaje de los fallos favorecen al empresario y qué porción al empleado?
- En los tribunales ordinarios, la gran mayoría son a favor del trabajador. En materia de recursos de protección, diría que la Inspección del Trabajo es de los organismos que más recursos de protección tiene en su contra y es también el que más recursos de protección ha perdido en los tribunales.
- ¿También cree que las medidas que contempla el proyecto para evitar prácticas antisindicales debieran flexibilizarse?
- Ese tema es delicado. Se le está otorgando al informe de fiscalización el carácter de una presunción legal de verdad respecto de lo que dice sobre las prácticas antisindicales. Eso significa que lo que dice el fiscalizador es efectivamente lo que ocurrió, salvo que la contraparte en este caso pruebe lo contrario. De modo que, constatándose que ha existido esa práctica, el despido pasa a ser nulo. Y yo dudo que existan prácticas antisindicales en forma general en el país. Y si las hay son mínimas. Entonces, frente a cualquier situación complicada en la economía donde las empresas recurren a los despidos, los trabajadores argumentarían siempre práctica antisindical. Y la reincorporación, que era algo que estaba totalmente desterrado, hoy lo estamos insertando de a poco en la legislación.
- ¿A qué solución podría llegar el Gobierno, considerando que ha dicho claramente que no está dispuesto a desregular totalmente el mercado laboral?
- Creo que a través del establecimiento de sanciones que no sean una caja de pandora. Lo que pasa es que aquí se parte de la base de que siempre hay un empleador que es el malo de la película y un trabajador que es el afectado.
- ¿Usted no cree que es desequilibrada la relación empleador-empleado?
- Es la legislación la que tiende al equilibrio. Si me dicen que el empledor es malo y el trabajador el bueno, puedo decir que a mí me ha tocado que muchos trabajadores se aprovechan de la legislación laboral. Hay un abuso increíble de las licencias médidas, y de muchas otras circunstancias.
- ¿Qué se puede hacer cuando ha quedado comprobado después de un año que es imposible darles en el gusto a todas las partes?
- La legislación no tiene por objetivo darle en el gusto a todo el mundo. Creo que ése es el error que tiene este proceso legislativo. Cuando se trata de darle en el gusto a todo el mundo y se pretende quedar bien con moros y cristianos, en definitiva lo único que se produce es desconcierto. Como legislador, uno tiene que hacer las cosas técnica y no políticamente correctas. Uno no puede estar tratando de acomodarse de un lado a otro, porque salen cosas definitivamente descabelladas.
- ¿No ve ningún aspecto modernizador en el proyecto?
- Diría que la pretendida flexibilidad está contenida en un artículo sobre jornada flexible de trabajo. Pero la verdad es que esa flexibilidad está bastante regulada. Entre otras cosas, porque permite jornadas de un máximo de 30 horas a la semana, cuando la legislación establece un máximo de 48 horas. No se ve dónde está la flexibilidad. En este proyecto no existe ni la pro-flexibilidad, ni el pro-empleo. Sólo está presente el objetivo pro-sindical. Aquí se debiera dejar a las partes un poco más libres y creer que los trabajadores han madurado y que las relaciones laborales son mejores. De hecho, el país ha tenido un crecimiento increíble con la legislación anterior, entonces, ¿para qué vamos a estar modificando las cosas?
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CINDY RIVERA / El Mercurio (Chile), Domingo 17 de diciembre de 2000 |
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