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Que los trabajadores asuman con los empresarios los riesgos y beneficios del negocio es una buena forma de avanzar en el diálogo social para llegar a una real concertación.
A diferencia de otras épocas, hoy los industriales colombianos son partidarios de que los empleados que trabajan a su lado compartan los riesgos y beneficios de las empresas como una manera de estimular entre ellos una mayor productividad y avanzar hacia esquemas más desarrollados de diálogo social.
Así lo reveló una encuesta sobre Contrato Social realizada por la Asociación Nacional de Industriales entre sus afiliados, la cual fue solicitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
De acuerdo con la encuesta, un 90 por ciento de los empresarios consultados manifestó que era conveniente la aplicación de riesgo compartido con sus trabajadores. Las modalidades que se mencionaron son el incremento de salarios con base en los resultados de la actividad productiva de la empresa, así como incentivos económicos en bonos o acciones y la remuneración por contribución, entre otros.
Un 46,6 por ciento está de acuerdo con la posibilidad de que los salarios se paguen según los resultados financieros de las empresas, mientras que un 20,7 por ciento está abierto a que los empleados participen en las utilidades y pérdidas de las compañías. Otro 13,8 por ciento piensa que es viable otorgar incentivos económicos como bonos o acciones.
Entre los resultados de la encuesta se destacó que el 100 por ciento de los empresarios consideró que el diálogo social entre los agentes económicos constituye un buen mecanismo para tratar los problemas nacionales y definir la solución a los conflictos del país.
"Como pueden observar, ahora más que nunca el diálogo social debe ocupar un destacado lugar como mecanismo para analizar y adoptar las políticas requeridas en lo económico y lo social", dijo Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi al explicar los resultados del trabajo.
Agregó que a pesar de los tropiezos, los empresarios han expresado su disposición para discutir y analizar prácticamente cualquier tema, sin exclusiones o limitaciones, como se busca hacerlo en el seno de la Comisión Permanente de Concertación, contemplada en la Constitución de 1991.
Adicionalmente, un 88 por ciento de los encuestados respondió que sus empresas deben asumir responsabilidades sociales con la comunidad, especialmente en lo relativo a educación, vivienda, salud y recreación. Un 12 por ciento no estuvo de acuerdo con esta opción.
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