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La Corte Constitucional precisó que el reajuste para los empleados del Estado que devengan más de dos salarios mínimos no solo es retroactivo al primero de enero del presente año, sino que debe ser equivalente a la inflación de 1999, que fue de 9,23%."Vamos a tener que sacrificar la inversión social", dijo el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, al precisar que el fallo le costará al Gobierno 800 mil millones y a las regiones 300 mil millones. En el 2001 se tendrán que destinar otros 2 billones.
El Gobierno tiene plazo hasta el 31 de diciembre próximo para ponerse al día, con lo cual queda obligado a introducir una reasignación y adición presupuestal. Tanto el Gobierno central como las entidades territoriales quedaron abocadas a reducir sus nóminas.
Anoche el ministro de Hacienda y el Presidente de la República se reunieron a analizar la situación. Se calcula que el costo será de un billón 100.000 millones de pesos, de los cuales 800.000 millones los asumirá el Gobierno central y 300.000 millones las regiones.
Según explicó el magistrado Antonio Barrera, el fallo no cobija al sector privado, que era una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Inclusive, ayer hubo reunión extraordinaria del Consejo Gremial Nacional para analizar el asunto previendo cualquier problema futuro.
El magistrado dijo que no está claro lo que sucederá al interior de las empresas industriales y comerciales del Estado, y que no se comprometía a dar una opinión sobre el asunto, porque algunas de ellas tienen regímenes especiales. "Habría que mirar cada caso".
El fallo explica que el último aumento salarial para todos los servidores públicos ocurrió y se hizo efectivo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999. Teniendo en cuenta sentencias anteriores (c110 y c-115 de 1999) en las que se aclaró que se debe garantizar la igualdad, la congelación del salario fue una decisión en contra de las reglamentaciones existentes.
Explicó el alto tribunal que "los aumentos salariales deben corresponder por lo menos al monto de la inflación del año anterior, porque solo de esta manera se cumple a cabalidad con los mandatos constitucionales que exigen conservar el poder real de los salarios de los trabajadores".
El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, dijo que de todas maneras se tendrá que hacer adición presupuestal y sacrificar gastos en otros rubros. "Lo que no podemos hacer es aumentar el déficit fiscal. Cualquier aumento del salario debe ser compensado con disminución de gastos de otra naturaleza", insistió.
Críticas a la Corte
Los voceros del sector privado se vinieron lanza en ristre contra la Corte por considerar que el alto tribunal está colegislando, lo que no ayuda en nada a aclarar el panorama del país.
Para el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sabas Pretelt de la Vega, las decisiones de la Corte que se conocen a través de comunicados y no de sentencias han creado un clima de incertidumbre que ponen a especular a todo el mundo.
"La Corte no puede seguir enviando mensajes a los medios de comunicación para poner a discutir a la gente sobre teorías", insistió.
Si la Corte sigue así, agregó Pretelt de la Vega, entonces lo que tendremos que reformar es la misma Corte porque un día va a ordenar pañales para todos los niños de Colombia y viagra para los viejitos que tienen problemas.
Wilson Borja, presidente de Fenaltrase, dijo que no cree que este fallo afecte al sector privado porque se tomó teniendo en cuenta la ley 4 de 1992 que afecta solamente al sector público. "No hay ninguna posibilidad. Además la misma Constitución tiene dividido sector privado y público".
Borja insistió en que la Corte solamente está tomando una decisión sobre la cual los trabajadores no tienen ninguna duda que es la de darles lo que les pertenece.
Agregó que antes de sacar empleados públicos debe mirar en qué se ha gastado la plata realmente.
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