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El ajuste estatal que el Gobierno pretendía poner en marcha esta semana, con el cual quedarían sin trabajo más de 10.000 empleados oficiales, sufrió un fuerte revés. La Corte Constitucional le notificó al Gobierno que buena parte del ajuste previsto tendrá que hacerlo por ley y no a través de decretos como se pretendía adelantar por parte del Ejecutivo.
El alto tribunal sentenció que la supresión, fusión o transformación de organismos adscritos o vinculados a los ministerios deberá ejecutarse a través de una ley aprobada por el Congreso de la República y no por medio de decretos gubernamentales.
La decisión de la Corte se produjo a través de un fallo que declaró inexequible el artículo 42 de Ley 489 de 1998 que le permitía al gobierno fusionar o suprimir entidades adscritas a los distintos ministerios.
El ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, dijo que la nueva sentencia no impedirá que, de todas maneras, se adelante el ajuste estatal. Anunció que este lunes presentará a consideración del Congreso un proyecto de acto legislativo para reformar el sistema de transferencia a los entes territoriales y en el cual se introducirán ajustes a organismos vinculados a los sistemas de salud y educación.
Dijo que el ajuste estatal se hará de todas formas dentro de las nuevas realidades legales. Advirtió, sin embargo, que hay ajustes que sí los puede hacer el Gobierno, y dentro e ese marco tomará las decisiones que le corresponden legalmente.
En ese proyecto el Gobierno propondrá además extender el período de ejercicio para alcaldes y gobernadores de tres a cuatro años.
El costo de los fallos
Según el ministro Santos, debido a los fallos de la Corte Constitucional es necesario hacer un ajuste adicional que le va costar más a los colombianos, pero no hay otra alternativa.
Sostuvo que el costo de los últimos fallos de la Corte asciende este año a 1,1 billones de pesos para el Gobierno central y las entidades territoriales, mientras que próximo año esa cifra aumentará a dos billones de pesos.
Estimativos preliminares del Ministerio de Hacienda señalan que los fallos emitidos por la Corte desde 1996 le representan a la Nación un costo fiscal de ocho billones de pesos.
El gobierno anunció que se estudia la posibilidad de rectificar y endurecer las propuestas del ajuste inicial. Ese endurecimiento obligaría a aumentar en 50 por ciento las propuestas presentadas en la reforma tributaria y a reducir la nómina oficial más allá de los que se tenía inicialmente previsto.
De acuerdo con el ministro, el Gobierno no modificará las metas que se habían fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Sería una salida muy fácil ir a Washington a decirle al FMI que por los fallos de la Corte tenemos que cambiar el acuerdo, pero eso no lo vamos a hacer", señaló el funcionario.
Ajuste o desastre
Al intervenir ayer en el foro de Anif y Fedesarrollo, el ministro de Hacienda pintó un panorama negro para la economía nacional si no se saca adelante el ajuste de las finanzas públicas.
Advirtió que si el país no toma la decisión de ajustar sus finanzas, serán los propios mercados internacionales los que obliguen a adoptar decisiones de fondo.
Según el ministro, Colombia se arriesga a permitir una fuga de capitales por 1.500 millones de del próximo año, además de frenarse privatizaciones estimadas en 1.800 millones de dólares. A eso se sumará el hecho de que se perderían tres millones de dólares en reservas internacionales, además de presentarse una escalada alcista de las tasas de interés porque el Banco de la República saldría a defender el peso, pues la devaluación superaría el 42 por ciento.
El ministro Santos advirtió que sin los ajustes, la inflación subiría un 35 por ciento, las tasas de interés 78 y el PIB caería a menos 6 por ciento, además de que más de un millón de personas perderían sus puestos de trabajo.
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