LÍO
POR CONVENCIONES COLECTIVAS ANTE EE.UU Y OIT
Sindicatos demandarán al país |
• Procurarán sanciones comerciales
Cuatro organizaciones sindicales demandarán al Gobierno costarricense ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la queja --que interpondrán el próximo mes-- aluden que el país carece de las condiciones para efectuar negociaciones colectivas tanto en el sector público como en el privado.
La denuncia la harán la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL), la Confederación Rerum Novarum y la Coordinadora de Sindicatos Bananeros.
Lo que pretenden es que Estados Unidos imponga sanciones comerciales contra los productos ticos que entran a esa nación con ventajas arancelarias.
Así lo confirmaron ayer Mauricio Castro y Albino Vargas, asesor legal y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Frente a ello, el ministro de Trabajo, Bernardo Benavides, lamentó la decisión, pero anunció que, de presentarse la demanda, el Gobierno nombrará un grupo de abogados para enfrentarla.
En 1993 se presentó una denuncia similar cuyo trámite fue suspendido por los sindicatos luego de que el Gobierno impulsara la ley que estableció el fuero sindical en el Código de Trabajo.
Vacío legal
En mayo y agosto, la Sala Constitucional limitó, en dos fallos separados, las convenciones colectivas en el sector público.
En el primero, declaró inconstitucionales las convenciones de 50 de las 81 municipalidades, por lo cual cada Concejo debe definir con sus empleados quiénes realizan o no gestión pública.
Esto por cuanto quedan fuera de negociación los empleados que dicten actos administrativos que supriman o modifiquen derechos de los demás funcionarios, según explicó el experto en derecho laboral, Fernando Bolaños.
Un segundo fallo dejó sin efecto tres artículos de la convención de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que establecían el pago de incentivos para disfrutar de vacaciones, bonificaciones por no faltar al trabajo y financiación de actividades sociales.
Gerardo Aguilar, presidente de la Rérum Novárum, comentó que el fallo de la Sala IV podría llevar a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría o la Procuraduría a solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad de otros beneficios incluidos en diferentes convenciones del sector público.
Según Albino Vargas, "el camino nacional (de negociación) quedó cerrado, lo que procede es el escenario internacional".
Mauricio Castro explicó que la demanda intenta acogerse a las cláusulas sociales del Sistema General de Preferencias y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), de las que Costa Rica forma parte, que obligan al país a mantener condiciones laborales como la negociación colectiva.
Desprestigio
Para el ministro Benavides, la queja internacional es improcedente pues "no se puede denunciar al Gobierno por acatar las resoluciones de los tribunales".
Considera que la demanda "desprestigiaría al país y podría afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos".
Sandra Piszk, defensora de los habitantes, quien impulsó uno de los recursos que falló la Sala IV, no ve razón a la demanda pues "nadie está cuestionando las convenciones pues son un derecho, lo que combatimos son las cláusulas abusivas".
Para Fernando Bolaños, el éxito de la queja depende de la presión de los sindicatos estadounidenses: "Creo que en un Gobierno republicano no tendría tanta fuerza como si fuera en uno demócrata".
Presión internacional
En síntesis, este es el procedimiento que deberá seguir la demanda que impulsan los sindicatos contra el país.
Los sindicatos costarricenses que suscriben la queja presentan una gestión ante la filial sindical estadounidense AFL-CIO (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations).
En la queja indican cuáles son las disposiciones del Sistema General de Preferencias y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que a su criterio se están violentando.
La AFL-CIO remite la demanda ante el representante del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, así como los casos específicos y las pruebas en contra del Gobierno costarricense.
El representante inicia el "debido proceso" en el que notifica al Gobierno tico y le permite defenderse. Finalmente pueden presentarse varias opciones:
Que la queja se declare sin lugar y sea rechazada.
Que se declare con lugar y el Departamento de Comercio imponga una amonestación al país para que corrija la anomalía.
Que establezca sanciones comerciales contra los productos ticos que ingresan con ventajas arancelarias a Estados Unidos.
FUENTE: Mauricio Castro, ANEP
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CARLOS A. VILLALOBOS
/ La Nación (Costa Rica), Martes 23 de enero de 2001 |
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