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Preocupación. Si no se aplican algunas de las
recomendaciones dadas por los exministros de hacienda, dentro de
unos años el crecimiento económico se estancaría, la inflación
subiría al igual que las tasas de interés y la devaluación.
Eliminación de los destinos específicos; establecer un solo
sistema nacional de pensiones manejado por la CCSS; fuertes
cambios al impuesto sobre la renta y la eliminación de todas las
distorsiones relacionadas con esquemas tributarios
diferenciados, como el Depósito Libre de Golfito.
Estas son algunas de las principales recomendaciones dadas a
conocer ayer en el informe de la comisión de exministros de
hacienda, las cuales tiene como fin sacar al país de una crisis
económica producto de la deuda pública y el déficit fiscal.
Y es que según los datos, la situación es más oscura de los que
parece. La tesis expuestas por Alberto Dent, ministro de
hacienda y coordinador de la comisión, así lo demuestran; si no
se buscan soluciones rápidas al problema, dentro de unos cuatro
años o menos, éstos se convertirían en una bomba a punto de
explotar, probablemente muy similar a la de Argentina.
Eso se traduciría en un crecimiento económico estancado e
inflación muy alta; es decir, una alza elevada en los precios de
servicios y productos, además de que la devaluación aumentaría
sin freno, por lo que no se podría comprar nada importado y las
tasas de interés subirían mucho; lo que significa que será muy
difícil obtener un crédito.
Esta situación traería además otro tipo de consecuencias como
son la limitación de creación de empleos y de riqueza
limitándose con ello el crecimiento de los ingresos tributarios
y por ende los servicios del Estado a la comunidad.
La comisión estuvo conformada por los exministros de hacienda
Bernal Jiménez, Federico Vargas, Francisco de Paula Gutiérrez,
Thelmo Vargas, Rodolfo Méndez, Leonel Baruch y presidida por el
actual ministro Alberto Dent, quienes trabajaron durante 8 meses
a fin de proponer una solución integral al problema de las
finanzas públicas.
En busca de soluciones
Bernal Jiménez dijo que durante el desarrollo del informe se
pudo llegar a un consenso y poder así proponer soluciones
concretas. El objetivo específico de la comisión fue buscar una
serie de medidas que presenten una alternativa que permita la
sostenibilidad fiscal de largo plazo al país.
Una de las principales sugerencias del informe fue la
eliminación de los destinos específicos, ya que a la fecha
constituyen aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto
(PIB) es decir 15% de los ingresos del Estado.
Con el objetivo de controlar aquellos gastos que crecen más
rápido que la economía, se planteó la necesidad de combatir el
abuso de los recursos del Estado y erradicar el gasto superfluo,
fortalecer el principio de iniciativa en materia presupuestaria
del poder ejecutivo, así como revisar incentivos a funcionarios
públicos para que obedezcan a criterios de productividad y no
antigüedad y establecer un solo sistema nacional de pensiones
manejado por la CCSS y eliminar los privilegios en otorgamiento
de pensiones de lujo.
Estas acciones serían realizadas mediante la creación de una
Comisión de Alto Nivel que revise mandatos y determine qué
programas o instituciones deben de ser eliminadas, así como
revisar la asignación de gastos constitucionales y establecer su
revisión periódica.
Para los exministros, la deuda del Gobierno es el problema más
serio, ya que los intereses consumen una tercera parte de los
ingresos tributarios del mismo. Actualmente, el pago de
intereses representa un 84.2% del presupuesto de educación, 7
veces el de seguridad ciudadana y 9 veces el de salud.
En este tema se propone canjear la deuda en manos de entes del
Estado de corto plazo por largo plazo y a tasas de mercado,
además aplicar el concepto de caja única con el objetivo de
retirar cerca de ¢40.000 millones en manos de entes estatales
que son producto de fondos aportados por el Estado y no
gastados.
Pero principalmente se planteó la necesidad de solicitar a
algunos entes estatales “dotar” al Estado de sobrantes del flujo
de caja que tienen y que no afectan sus operaciones tales como
el ICE, INS, INA, entre otros. De esta forma se piensa recuperar
un total de ¢140.000 millones.
Más controles
En el caso de los ingresos fiscales, se concretó que el sistema
actual de impuesto sobre la renta tiene retenciones a los
asalariados, así como gran cantidad de exenciones, por ejemplo,
los recursos del exterior que permiten que gran cantidad de
gente no tribute.
Por ello se propuso pasar del sistema actual a un sistema
moderno de renta GLOBAL y UNIVERSAL, lo cual significa que la
totalidad de las rentas producidas por el contribuyente, forman
parte del ingreso gravable del mismo, obligando a todos por
encima de ciertos montos mínimos a presentar declaración del
impuesto sobre la renta.
Esto se logrará a través de sistemas de medición de la riqueza
individual mediante sistemas cruzados, pues según Dent, la
recomendación es que todos los ingresos sean parte de la renta
imponible, eliminando todas las exenciones y distorsiones
actuales.
El ministro de hacienda aseguró que en el caso del impuesto
sobre las ventas, el objetivo es pasar de un sistema de impuesto
de ventas a un sistema de impuestos sobre Valor Agregado (IVA),
el cual permite la deducción de pagos en las diferentes etapas
del proceso productivo para que opere una sola vez sobre el
valor final de los bienes y servicios. Se mantendría la tasa
actual de 13%, además de ampliar la base actual para cubrir
servicios y otros no tasados en la actualidad y manteniendo la
exención de la canasta básica.
También se propone la eliminación de impuestos menores cuyo
costo de recaudación es superior al monto recaudado, esto debido
a que en la actualidad los primeros 10 impuestos representan más
del 96% de la recaudación total.
Probablemente, dos de las sugerencias que afectarán el bolsillo
de los ticos será el incremento al doble de las tasas de
impuesto sobre la propiedad de vehículos; el incremento del
impuesto único a los combustibles en ¢10 solo para las gasolinas
y crear un impuesto anual de $200.00 por cada sociedad anónima
registrada.
Las empresas del Estado también tendrán sus controles, pues se
exigirá que paguen impuestos sobre la renta y que distribuyan
dividendos pero permitiéndoles capitalizarse. Y lo que
probablemente causará revuelo, será la eliminación de todas las
distorsiones relacionadas con esquemas tributarios diferenciados
como el Depósito Libre de Golfito.
Creación de organismos
Dent explicó que para mayores controles y lograr una
modernización de la administración tributaria se dispuso la
creación de la Agencia Nacional de Recaudación como ente
desconcentrado que reporte al Ministerio de Hacienda, quien
garantizará la recaudación eficiente y efectiva. Se propone
además la creación de un mecanismo de cobro administrativo de
tal forma que dicha agencia pueda, sin violentar el derecho al
debido proceso, efectuar cobro administrativo de los tributos.
Se recomienda además la creación de un Juzgado Penal de Hacienda
y que la administración tributaria pueda acusar directamente sin
tener que pasar por el Ministerio Público.
Luego de la presentación del informe, el Presidente de la
república, Miguel Angel Rodríguez, manifestó el compromiso del
Gobierno con el pueblo, a fin de no permitir que el país toque
fondo. “Vamos a trabajar fuertemente y para la próxima semana
estaremos mandando a la Asamblea Legislativa los proyectos de
ley a fin de agilizar rápidas transformaciones en el sector
financiero del país”, dijo el Presidente.
Rodríguez recalcó que será necesario la comprensión del pueblo y
la agilidad política que tanto este como el próximo Gobierno, le
dé a las propuestas. Aseguró que se necesita un pacto de unidad
nacional para la aprobación de las medidas y un cambio de
actitud en la población en general para que todos contribuyan.
Principales recomendaciones
Eliminar los destinos específicos.
Combatir el abuso de los recursos del Estado y erradicar el
gasto superfluo.
Crear una comisión de alto nivel que revise mandatos y determine
qué programas o instituciones deben ser eliminadas.
Fortalecer el principio de iniciativa en materia presupuestaria
del Poder Ejecutivo.
Establecer un solo sistema nacional de pensiones manejado por la
CCSS y eliminar los privilegios en otorgamiento de pensiones de
lujo.
Canjear deuda en manos de entes del Estado de corto plazo por
largo plazo y a tasas de mercado.
Aplicar el concepto de “caja única” para retirar cerca de
¢40.000 millones en manos de entes estatales producto de fondos
aportados por el Estado y no gastados.
Solicitar a algunos entes estatales “donar” al Estado sobrantes
de flujo de caja que tienen y que no afectan sus operaciones (INS,
ICE, INA, etc.).
Pasar de un sistema de impuesto de ventas a un sistema de
Impuesto sobre Valor Agregado.
Eliminación de impuestos menores cuyo costo de recaudación es
superior al monto recaudado.
Exigir las empresas del Estado que paguen impuestos sobre la
renta y que distribuyan dividendos, pero permitiéndoles
capitalizarse.
Eliminar todas las distorsiones relacionadas con esquemas
tributarios diferenciados como podría ser el Depósito Libre de
Golfito.
Si no se hace nada
Los déficits proyectados serían:
2002 3.9%
2003 7.0%
2004 8.5%
2005 10.4%
2006 11.6%
Si se aplican las recomendaciones
En 5 años el déficit del Gobierno sería CERO
2002 3.4%
2003 0.9%
2004 0.7%
2005 0.4%
2006 0.0%.
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