| Dificultades y oportunidades |
En años de Presupuesto, los distintos grupos tienden a olvidar con más facilidad las desventuras ajenas para poder poner en evidencia con mayor fuerza las demandas propias. Si el año de Presupuesto coincide con un año difícil como el que estamos viviendo, las cosas se ponen peor.
El Presupuesto es el Plan de Gobierno para los próximos cinco años. En un país con baja inflación, es un instrumento --más transparente de lo que era en el pasado--que describe básicamente la manera en que se realizará la detracción de recursos a distintos grupos sociales para su asignación a distintos destinos que benefician a otros grupos sociales y al progreso de la sociedad en conjunto.
Todo el mundo pelea por agrandar la parcela de recursos que le son asignados (los gastos del Estado) y para achicar la cuota de recursos que le son detraídos (los impuestos que hay que pagar), lo cual es humano y lógico. La lógica, no obstante, que el equipo económico debe aplicar es la de compatibilizar las demandas de la sociedad con los objetivos trazados por el Gobierno. Ello supone la elección de estrategias para un país que debe crecer y mejorar en distintos aspectos y una táctica de abordar la solución de problemas que --para salvarnos de desastres presentes y futuros-- se resume en que, año a año, las cuentas tienen que cerrar sin que exista un "agujero" demasiado grande que se deba financiar con un endeudamiento excesivo o con emisión.
Entre las demandas por ayuda estatal --ya sea en materia de mayores gastos como de menores impuestos-- están los reclamos específicos de cada sector de actividad económica, los del Interior del país --que se superponen a los anteriores pero desde una óptica geográfica--, los de la población en general por mejores políticas sociales, las de los trabajadores del Estado por mayores salarios o beneficios.
Aún aquéllos que sostienen que el Estado debería reducir su peso en la economía, transfiriendo parte de sus actividades al sector privado bajo el razonamiento de que este último es más eficiente, suelen demandar soluciones que no son de mercado para empresas privadas en dificultades.
Por tanto, la tarea del equipo económico en la propuesta del Presupuesto y del Parlamento en su estudio y aprobación no es sencilla. No obstante, lo importante es que el resultado de este proceso sea un conjunto de disposiciones no dirigidas específicamente a los grupos que las demandan sino a encarar un desarrollo social y económico del país que permita atenderlas con una mezcla de esfuerzos no todos provenientes del erario público.
Los empresarios y la competitividad
La falta de competitividad de la economía es un tema tan penoso como recurrente. No sólo porque hay, en este momento, condiciones externas que no ayudan sino porque, en general, se le da un enfoque cortoplacista que, precisamente, es el que no permite visualizar soluciones ni definir en forma completa cuáles son los determinantes de esa competitividad en el mundo moderno. La competitividad autosostenida en el tiempo de la economía, depende no tanto de la política macroeconómica sino de las decisiones microeconómicas que se toman en las empresas, incluidas las públicas.
Entre los determinantes de la competitividad que permiten que la tecnología moderna se aproveche para poder competir en el mundo tenemos la flexibilidad y disposición al cambio, el buen gerenciamiento, el aprovechamiento de oportunidades de hacer negocios, la capacitación de los recursos humanos. Entre los determinantes para que la nueva tecnología esté disponible en forma de inversiones, están la estabilidad y la seguridad -tanto ciudadana como jurídica pero, también, el desarrollo de un sistema de investigación y desarrollo tecnológico nacional y de un nuevo esquema de provisión de infraestructuras básicas a la producción que no necesariamente tienen que ser de financiamiento exclusivamente estatal.
Por último, sin un adecuado marco de competencia la eficiencia productiva no se alcanza. En nuestro país esto sólo es posible en un marco de apertura externa y de eliminación tanto de monopolios y/o de regulaciones públicos como privados, porque no sólo existen regulaciones que limitan la competencia impuestas por el Estado. Existen también aquellas impuestas por diversas instituciones privadas que actúan en forma corporativa.
En el marco de estudio del Presupuesto, la preocupación por la preparación de los recursos humanos y el desarrollo de la investigación tecnológica, las medidas que permitan agilitar el funcionamiento del Poder Judicial, las que promuevan una mayor seguridad ciudadana y las que representen desregulación y promuevan la oportunidad de hacer nuevos negocios son las que impulsarán una salida definitiva hacia el crecimiento. En este último caso, si bien existen intereses de corto plazo que se pueden ver afectados, la sociedad como un todo se beneficiará.
Para conciliar esto con un costo decreciente del Estado, que permita reducir la carga por todo concepto que soporta el contribuyente actual y futuro para financiarlo, el Estado mismo tiene que mejorar su eficiencia.
La gestión del sector público y los salarios
Tenemos una estructura estatal que dista aun de ser eficiente y eficaz en los servicios esenciales que el Estado debe prestar que requieren de sustanciales reformas de gestión.
La ley presupuestal debería contemplar los costos y beneficios de encarar las acciones que, progresivamente, mejoren la gestión en aquellas funciones que el Estado no puede delegar, como la seguridad, la justicia, buena parte de la educación y la salud y la eficiente aplicación de aquellos marcos regulatorios imprescindibles para el ordenamiento del funcionamiento de los mercados sujetos a la preservación de bienes esenciales.
No se trata de asignar simplemente más recursos a las actividades esenciales o prioritarias, sino de establecer mecanismos de control de resultados por unidad de gasto que permitan juzgar la eficiencia con que se cumplen los servicios, mejorar el desempeño y reducir lo gastado en mera burocracia. Controles legales han existido y siguen existiendo, lo que se necesita son controles de gestión. Obviamente que la medición de resultados por unidad de gasto debería implementarse no sólo en la Administración Central sino, también, en aquellas empresas y otros organismos públicos que aún no lo hacen.
En cuanto a la política salarial inserta en el Presupuesto, obviamente las prioridades tienen que estar dadas por lo que se considera esencial: por el objetivo de estabilidad en primer lugar; por la valoración de las funciones importantes que se cumplen en segundo.
Las prácticas de épocas pasadas donde se exigían aumentos de salarios "para todos" parecen haberse terminado. Hoy se acepta, creo, que los aumentos deben ser para aquellos sectores de la administración pública que combinan un alto valor asignado por la sociedad a su trabajo con la triste realidad de que sus salarios son aún insuficientes. En un contexto de alto desempleo y baja inflación, los beneficios de ser empleado inamovible son considerables. No debería apostarse a más en circunstancias tan difíciles como las que vivimos hoy por causas externas, ya analizadas hasta el cansancio, y de las cuales la actual Administración no es responsable.
El futuro del Interior del país
La nueva Constitución de la República ha reconocido la necesidad de promover un desarrollo más armónico del país en su dimensión geográfica. Las nuevas disposiciones aseguran que se destinarán recursos presupuestales al Interior del país. Lo importante es que el destino de estos recursos sea la generación de un dinamismo económico en base a proyectos productivos, no necesariamente agropecuarios todos ellos, sino en un amplio espectro de actividades. En esto las Intendencias departamentales pueden ayudar pero no suplantar la iniciativa privada. Más aún, la capacidad de dinamización regional en base a proyectos privados mucho contribuirá a solucionar los déficits endémicos de las Intendencias del Interior, en buena parte motivados por la falta de capacidad de pago de sus contribuyentes y la falta de fuentes de trabajo para sus vecinos.
En momentos de dificultades las soluciones al problema propio pueden resultar en el desastre ajeno. Pensar el presupuesto como una plataforma de "despegue" del país hacia un nuevo camino de oportunidades puede ser más constructivo que calcular cuál puede ser el beneficio individual o corporativo inmediato que a cada uno le toque. Construir colectivamente seguramente es más efectivo que reclamar.
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ROSARIO PATRÓN / Diario El País (Uruguay), Jueves 21 de septiembre de 2000 |
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