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Consideran que el control de cambio incrementará el desempleo y
la pobreza, y que ese instrumento, junto con los proyectos de
ley de contenido y reforma del TSJ son un paso más hacia el
totalitarismo
La oposición advirtió sobre una situación económica crítica
debido a la aplicación por parte del Gobierno del convenio
cambiario como instrumento de control político sobre el sector
privado, que a su juicio incrementará el desempleo, el
desabastecimiento y la pobreza.
Alertó también sobre los proyectos oficialistas de ley de
responsabilidad social de la radio y la televisión, y de reforma
de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, instrumentos que
calificó de un paso más hacia la implantación del totalitarismo.
Antonio Ledezma, presidente de Alianza Bravo Pueblo, dijo que si
se cierra un medio de comunicación la colectividad debe
manifestar en la calle, y solicitó a la FAN que haga respetar la
Constitución.
Ledezma anunció que impugnarán ante el Tribunal Supremo de
Justicia la resolución del Ejecutivo sobre el control de cambio,
y que solicitarán una medida cautelar innominada para que se
proporcionen los recursos antes de que se resuelva el fondo de
la materia.
Argumentó que el convenio viola la Carta Magna en los artículos
112, que garantiza la libertad económica; 113, que prohíbe la
creación de monopolios (y con el convenio se crea uno estatal) ;
y el 115, que garantiza el derecho a la propiedad privada y
prohíbe la confiscación.
Dijo que propondrá hoy que la Coordinadora Democrática cree un
gabinete de salvación nacional para elaborar un proyecto de país
y tratar de resolver la grave situación económica.
También planteará la discusión sobre el candidato único de la
oposición.
Modificar el IDB
Julio Borges, a nombre de Primero Justicia, propondrá en la
Asamblea Nacional la modificación de la Ley del Impuesto al
Débito Bancario, con el fin de crear un fondo solidario para que
50% de los recursos de ese tributo pase a manos de los
gobernadores y alcaldes. También insistirá en que se discuta el
proyecto de ley de fomento al empleo.
Borges recomendó que al programa alimentario del Gobierno
(Proal) se le hagan correcciones para incluir más rubros en la
canasta básica, pero que sean fabricados por los productores
nacionales.
Programa social
Luis Manuel Esculpi, secretario general de Unión, criticó que el
presidente Hugo Chávez exhortara el domingo al Poder Judicial a
actuar contra presuntos saboteadores, este caso son los
trabajadores de Pdvsa.
Esculpi reiteró que no habrá reactivación de la economía hasta
que no se ponga en pleno funcionamiento la industria nacional, y
dijo que para ello es necesario la reincorporación de los
despedidos.
Anunció que la próxima semana se reunirá un equipo con el fin de
analizar propuestas para la era después del chavismo. Indicó que
para afrontar los graves problemas económicos, Pablo Castro y
León Arismendi, representantes laborales de Unión, elaboran con
la CTV un programa que pondrá énfasis en lo social.
En emergencia
Acción Democrática se declaró en emergencia ante proyectos de
leyes de contenido y reforma del TSJ, y el control de cambio.
Jesús Méndez Quijada, subsecretario de esa organización, expresó
que se ordenó a la fracción parlamentaria impedir la aprobación
de esos proyectos, y advirtió que el convenio cambiario será un
control político del Gobierno sobre la economía nacional, porque
no habrá dólares preferenciales, sino preferencias para la
entrega de divisas.
Indicó que se unirán a acciones legales para detener ese
control.
Copei anunció que también emprenderá acciones judiciales
relacionadas con la ley de contenidos y el referéndum
revocatorio.
La primera iniciativa será un recurso de amparo, que presentarán
hoy con el fin de que el TSJ ordene a la Asamblea dejar sin
efecto la discusión sobre la ley de responsabilidad social de la
radio y la televisión hasta que se garantice que la normativa
tenga rango de ley orgánica y necesite de mayoría calificada del
Parlamento para su aprobación.
La otra acción, informó César Pérez Vivas, secretario general de
la tolda verde, será el jueves, cuando solicitarán un recurso de
interpretación sobre el artículo 72 y el referéndum revocatorio
para aclarar si es posible recoger las firmas antes de que se
cumpla la mitad del período; o si, como asegura el Ejecutivo,
hay que esperar al 19 de agosto.
Pérez Vivas anunció algunas iniciativas diplomáticas esta semana
para denunciar ante la OEA la ofensiva del Presidente contra la
autonomía del TSJ, la CTV y los medios de comunicación.
La dirección nacional de Copei, como la de Proyecto Venezuela,
también expresó preocupación por la situación económica del
país.
Ambas organizaciones aseguraron que la debacle no será
consecuencia del paro cívico, sino del Gobierno, por la medida
de control de cambio y por su negativa a reincorporar a los
trabajadores petroleros despedidos.
Luis Carlos Rubio, coordinador nacional del partido del sol,
hizo un llamado a la Asamblea Nacional, la FAN, el Gobierno y
los venezolanos en general para luchar por un cambio en la
situación del país.
“Nos afectan dos graves problemas:
la confiscación de las libertades democráticas y la crisis
económica.
La gente debe salir a la calle y no dejarse imponer una
dictadura que, además de pretender cercenar las libertades,
tampoco ofrece prosperidad económica”, manifestó Rubio.
Sobre la negativa del oficialismo de darle el visto bueno a una
salida electoral, la oposición insistirá en la Mesa de
Negociación y Acuerdos en que se acepte la enmienda como primera
opción, o el referéndum revocatorio propuesto por el ex
presidente estadounidense Jimmy Carter, sobre el cual Chávez ha
dado señales de aceptación y se le ha fijado fecha.
Política de premio y castigo
Solidaridad trató el tema político, especialmente lo relacionado
con la ley de responsabilidad social que se discute en la
Asamblea Nacional.
Ernesto Alvarenga, director de la organización, indicó que a
pesar de que el Presidente estuviera intentando hacer ver que su
gestión permanece en la legalidad, lo que hace es adecuar las
normas legales de acuerdo con su conveniencia, lo cual evidencia
su tendencia autoritaria.
“Más allá de que los medios deban pasar una programación
ajustada a la edad del público y la prensa podría decir
abiertamente cuál es su candidato, no es posible que el
Presidente asuma la facultad de decidir qué es lo que vamos a
ver y cuándo”, señaló Alvarenga.
“Le están robando a la sociedad la opción de escoger su
programación”.
Reiteró que los trabajadores de Pdvsa y el general Carlos
Alfonzo Martínez cuentan con el respaldo de Solidaridad. “Es
necesario que los trabajadores de la empresa petrolera que
perdieron su trabajo sepan que cuando vayan al Tribunal Supremo
de Justicia los acompañaremos y si es verdad que somos
terroristas, entonces que nos lleven presos a todos”, dijo.
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