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Las primeras palabras de Hugo Chávez Frías luego de ser
proclamado por segunda vez como presidente de la República por
el Consejo Nacional Electoral, en agosto de 2000, fueron “invoco
el amor a la patria; invoco la esperanza y lo mejor que podamos
tener los venezolanos para dedicarnos, de ahora en adelante, a
la reconstrucción social y económica de Venezuela, que es la
esencia de la revolución”.
Sin embargo, a lo largo del camino, el tema económico volvió a
quedar relegado al político. Las promesas de generar empleo y
promover la inversión privada no se han concretado.
Por el contrario, 1,7 millones de personas no tienen trabajo,
otras 4,9 millones se desempeñan en la economía informal o
realizan alguna actividad por su propia cuenta.
La industria manufacturera empleaba en 1998 a 526.997 personas;
a mayo de este año se habían perdido 165.661 puestos de trabajo.
Igualmente, de 11.539 industrias existentes hace tres años, han
cerrado 4.666 empresas. En el sector comercial la situación no
es distinta: 400.000 personas quedaron desempleadas en el primer
semestre de 2002. Las ventas han caída 60%, mientras que los
precios se han disparado entre 15% y 40% producto de la
devaluación del bolívar frente al dólar en aproximadamente 76%
desde el 13 de febrero, cuando se adoptó el esquema de libre
flotación del tipo de cambio de acuerdo con la oferta y la
demanda.
El producto interno bruto (la cantidad de bienes y servicios
producidos por la economía en un año) cayó en 4% en el primer
trimestre, y la inflación acumulada de enero a julio ascendió a
22%, muy lejos de la meta del Ejecutivo de lograr un índice de
precios de un dígito.
Ver para creer
El pasado 14 de agosto, durante un acto en el Teatro Teresa
Carreño, en el que se anunciaron los resultados de la Comisión
Presidencial para el Diálogo, el mandatario nacional volvió a
prometer que se encargaría de promover la reactivación
económica.
“En lo económico, hay signos alentadores de recuperación y
estamos seguros de que el segundo semestre será mucho mejor que
el primero”, afirmó, y lo ratificó ayer durante su programa
radial Aló, Presidente. Pero los representantes del sector
privado no son optimistas. El presidente de Conindustria, Lope
Mendoza, dijo que a pesar de que se logró reactivar el mecanismo
de compras del sector público a las empresas nacionales, los
resultados de esa inyección de recursos (2,8 billones de
bolívares) no se verán este año, sino a principios de 2003, si
realmente se cumple la meta y el compromiso de los entes del
Estado.
“Los dos últimos años se han caracterizado por el deterioro de
la economía real y del empleo formal. Creo que hace falta un
acuerdo nacional para restablecer la confianza de los
inversionistas en Venezuela”, sostiene Mendoza.
Comenta que los planes de la sobremarcha y de empleo no dieron
resultado. “Las actuaciones del Gobierno han estado centradas en
la agenda política. Se dijo que 2002 sería el año de la
reactivación económica, pero se ha acentuado el contrabando y
los ilícitos aduaneros como nunca”, agregó el industrial. Para
el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de los
Alimentos, Rafael Alfonzo, el gran desacierto del Gobierno ha
sido la incertidumbre jurídica que afecta el ambiente de
inversión. Cuestiona la política fiscal y cambiaria. A su
juicio, la devaluación no ha favorecido las exportaciones; al
contrario, se han encarecido los bienes y productos con
componente importado.
“Ninguna de las cosas que prometió las ha cumplido” afirmó.
Palabras en medio del ventarrón
El 15 de septiembre de 2000, el presidente Hugo Chávez celebró
los primeros 100 días de su segundo gobierno. En ese marco
anunció la sobremarcha, plan económico que buscaba “acelerar el
proceso de recuperación económica”, para el cual se utilizarían
1,5 billones de bolívares del remanente cambiario de los últimos
3 años.
Cinco días más tarde, sin más justificación que la frase “es
imprescindible la Ley Habilitante para dar cumplimiento a la
Constitución”, pidió por segunda vez poderes para legislar por
un año, y aprobar 34 proyectos legales, que a la larga sumaron
49.
La discusión de estas normativas se caracterizó por un ambiente
de hermetismo, que generó el rechazo de la mayoría del sector
privado. A finales de 2001 se desencadenó una ola de demandas de
nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, principalmente
contra la Ley de Tierras y la de Hidrocarburos. En 2002, las
promesas económicas del Ejecutivo parecen haber quedado a un
lado y pasan a tener más importancia los hechos oscuros dentro
de las finanzas públicas y las medidas económicas dictadas por
el Presidente.
El 12 de febrero, el Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela
anunciaron la libre flotación del dólar. Además, de un recorte
de 7% en el gasto público y la reestructuración del presupuesto
de 2002.
En mayo sale a la luz pública la desaparición de 3,03 billones
de bolívares que el Gobierno debió depositar en el Fondo de
Inversión para la Estabilización Macroeconómica. A finales de
ese mismo mes, el gabinete económico anunció el llamado plan
Tobías –caracterizado por el incremento de las tasas del
impuesto al débito bancario, de 0,75% a 1%, y del impuesto al
valor agregado, de 14,5% y 16%– y además una política de
endeudamiento interno y externo para financiar el déficit
fiscal, calculado en 7 billones de bolívares. Actualmente, otro
hecho ensombrece la política económica: la adjudicación directa
de 190 millardos de bolívares en bonos de la deuda pública
nacional.
Omar Martínez
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