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Sobre los anuncios en materia económica hechos por el
Presidente el pasado 12 de febrero, y a las puertas de nuevas
medidas, nos exponen hoy sus divergentes pareceres al respecto
el diputado presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea
Nacional, Rodrigo Cabezas, y el profesor del Instituto de
Estudios Superiores de Administración, Antonio Francés
Las medidas de ajuste anunciadas el pasado martes de Carnaval
son un intento de salvar la política económica ya establecida,
no una rectificación. Recordemos que la política económica tenía
como norte el control de la inflación y empleaba la
sobrevaluación del bolívar como principal medio para alcanzarla.
Se puede pensar en positivo y suponer que se trataba de un
simple, aunque grave, error y que se quería crear un entorno
macroeconómico estable para alentar la inversión. Esto es
consistente con la obsesión de los ideólogos del régimen con los
equilibrios: político, económico, territorial y demás. Como
resultado se abarataron las importaciones y se destruyó el
empleo formal, sobre todo en manufactura y agro. También se
puede pensar mal, o pensar peor, y suponer que era un intento
deliberado para debilitar a la empresa nacional. La
sobrevaluación favorecería la inversión extranjera, en
particular la compra de empresas ya afectadas por las
importaciones y el riesgo país. La destrucción del empleo formal
no era preocupante para los artífices de la política económica,
ya que los desempleados se suman al sector informal formado por
microempresarios, los nuevos héroes sociales. De esta manera se
armaba un modelo económico basado en pequeños productores
apoyados y guiados por el Estado, empresas multinacionales y
nuevos empresarios bolivarianos. Los llamados a una política
cambiaria que defendiese la producción nacional y una política
fiscal que racionalizara el gasto público tenían que caer en
oídos sordos.
La merma de las reservas obligó a modificar la política
cambiaria, pero se hizo de la peor manera. Entre las opciones
estaban modificar las bandas o realizar una devaluación puntual,
para luego seguir con el mecanismo de bandas. De esta manera se
hubiese aminorado la incertidumbre. Al anunciar la flotación se
la incrementa, de manera que los precios tienden a ser
aumentados en exceso, y se exagera el impacto inflacionario. La
práctica contable aconseja remarcar los precios ya que si se
mantienen los precios anteriores los comerciantes pierden su
capital de trabajo y no pueden reponer la mercancía a los nuevos
precios. Esta práctica, sin embargo, es percibida como injusta
por los compradores y ofrece una oportunidad de oro para ganar
la simpatía de la población persiguiendo a los supuestos
especuladores y bajando santamarías. La demanda de dólares está
exacerbada por la incertidumbre política y no merma a pesar de
la devaluación y de las altas tasas de interés, de manera que es
de temer que terminemos con un control de cambios.
La devaluación le da un respiro temporal a los productores
nacionales. Dado el alto nivel de capacidad ociosa en casi todas
las industrias, es relativamente fácil aumentar la producción.
Sin embargo, las elevadas tasas de interés encarecen el capital
de trabajo y la caída del poder adquisitivo de los consumidores
limitará la demanda, por lo cual no es de esperar una
reactivación importante ni un incremento sustancial del empleo
formal. La nueva tasa de cambio favorece el incremento de las
exportaciones no tradicionales. No obstante, si tomamos en
cuenta la incertidumbre tanto económica como política, no es
probable que haya un repunte sustancial en la inversión privada
este año. La devaluación podría traer un incremento en el número
de turistas internacionales, como ha ocurrido en ocasiones
anteriores, y un desvío de la demanda nacional hacia destinos
internos. Lamentablemente, la turbulencia política y social,
reseñada en la prensa internacional, desalentará a muchos
visitantes potenciales.
Analistas cercanos al Gobierno han estimado que los nuevos
impuestos anunciados pueden representar un escaso 1,4 % del
producto interno bruto (PIB). En cuanto a la reducción del gasto
propuesta no llegará en el mejor de los casos a 2 % del PIB. La
capacidad del Gobierno para imponer la austeridad presupuestaria
es bastante dudosa. Con una brecha fiscal de más del 8 % del
PIB, la cuenta deberá cuadrar por la vía de la devaluación y la
creación del dinero inorgánico, lo cual se traduce en inflación.
El ajuste del 12 de febrero está lejos de señalar un regreso a
la sensatez económica como han celebrado algunos analistas. No
pasa de ser una reacción improvisada y más bien desesperada a la
caída de las reservas internacionales para tratar de salvar el
pellejo del gabinete económico y del Gobierno en general. En
este sentido, más que un ajuste es un antiajuste.
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