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Nivel de instrucción de 55% de la fuerza laboral está por
debajo de 6º grado
Una investigación realizada por la Escuela de Sociología de la
Universidad Central de Venezuela, con el auspicio de la
Corporación Andina de Fomento, reveló que 98% de las empresas
del país pertenecen a la pequeña y mediana industria. Los
contribuyentes especiales del Seniat se redujeron en 7%
La pequeña y mediana industria del país se ha visto afectada por
la crisis económica, y la recesión. A pesar de que el Gobierno
ha prometido impulsar políticas claras para fomentar las
microempresas y reactivar la economía, los resultados no han
sido favorables.
Una investigación realizada por la Escuela de Sociología de la
Universidad Central de Venezuela, con el auspicio de la
Corporación Andina de Fomento, reveló que 98% de las empresas
del país pertenecen a la pequeña y mediana industria. Así, en
Venezuela existen 480 mil empresas distribuidas a lo largo y
ancho del territorio nacional. El trabajo es recogido en el
libro Observatorio Pyme: Estudio de la Pequeña y Mediana Empresa
en Venezuela.
Tomás Páez, sociólogo y profesor de la UCV, coordinó el estudio
sobre las Pyme en el país, los índices de desempleo, economía
informal y el nivel de educación de los venezolanos. “La
productividad del país ha venido bajando de manera sistemática
en los últimos 25 años, y no hay ninguna tendencia que indique
lo contrario”. Páez destacó que la capacidad de una nación para
mejorar su calidad de vida, a largo plazo, depende de su
potencial para desarrollar la productividad. “Esta es, además,
la única manera de mejorar el salario real de los trabajadores.
No hay opción distinta”.
Hizo hincapié en que es necesario establecer pactos sociales
entre el empresariado nacional, representado por Fedecámaras;
los trabajadores, agremiados en la Confederación Venezolana de
Trabajadores, y el Ejecutivo. Señaló que cuanto más tiempo se
demoré el país en lograr un acuerdo para atacar la pobreza, el
desempleo y la informalidad -que son variables que vienen
juntas- será más difícil superar los problemas.
“Es necesario que se tracen políticas, acciones y tomar
decisiones para mejorar la productividad, que impacta el salario
de los trabajadores y afecta directamente la competitividad”,
dijo el investigador.
Destacó que el Acuerdo Democrático propuesto por los sectores
privado y laboral, con el aval de la Iglesia Católica, es un
gran paso en la dirección de establecer acuerdos. Productividad
significa diálogo, implementar reglas de juego claras,
eficientes servicios públicos. Se necesitan empresas con la
participación del Estado a través de políticas públicas
adecuadas, afirmó.
Páez señaló que el Gobierno ha tenido algunas iniciativas para
este sector pero, a juzgar por los números, no ha habido
resultados concretos. Aseveró que el papel que ha venido
desarrollando el Banco Exterior (Bancoex) y la institucionalidad
referida a las garantías para la inversión han sido
insuficiente.
Sin instrucción
El análisis revela que en 1996 Venezuela se ubicaba en el puesto
42 como nación productiva, y ahora ocupa el número 62. También
se señala que el tejido empresarial del país es muy pequeño;
esto quiere decir que la posibilidad de absorber la mano de obra
se hace difícil, toda vez que no existe la suficiente cantidad
de empresas que puedan hacerlo.
El trabajo constata que entre 53% y 58% de la masa laboral se
dedica a la actividad informal y, aunado con ello, el desempleo
asciende a 15%, de lo que se desprende que 70% está desempleada
y se dedica a ocupaciones informales. Sólo 30% de la mano de
obra se ubica en el sector formal de la actividad económica, y
la mayoría labora en las Pyme. El crecimiento del desempleo
puede explicarse por el cierre de las empresas, así como la
disminución de la capacidad instalada; es decir que las
industrias que pueden operar con 300 personas, por ejemplo, lo
hacen con 180. Es un círculo vicioso, en la medida en que
aumenta el desempleo se reduce la capacidad de compra de las
personas y el mercado se contrae, sostiene Páez.
El coordinador del estudio explicó que en el desempleo y la
informalidad, las mujeres están en peor condiciones que los
hombres. Agregó que sobre la base de la investigación realizada,
se determinó que 55% del recurso humano venezolano tiene una
instrucción por debajo del sexto grado de primaria, y que 75%
tiene no llega al quinto año del bachillerato. “Tener recursos
humanos con ese nivel de formación, es casi como lanzarlos al
desempleo. Es necesario que el Gobierno diseñe programas
nacionales y regionales de capacitación, sobre todo para los
estados, pues las necesidades de cada zona son distintas. Las
instituciones locales son las que están más cerca de la realidad
de sus trabajadores. Se impone aplicar políticas
descentralizadas para combatir el desempleo y la informalidad”,
expresó Páez.
Experiencia nefasta De acuerdo con el estudio, el SENIAT tenía
contabilizado para 1999, 8.051 empresas por cuyos volúmenes de
venta se les daba un trato especial, toda vez que aportaban 80%
de lo que recauda el Fisco. Para junio de 2000, el número de
firmas consideradas como contribuyentes especiales descendió a
7.488. “Se trata de una reducción del 7%, pero ese 20% de las
empresas son las que aportan 80% de los ingresos. Esto,
obviamente ha impactado de manera severa la recaudación. La
mayor disminución de los contribuyentes especiales se produjo en
la región central del país”, reseña la investigación.
Tomás Páez cree que el otorgamiento de créditos a pequeños y
medianos empresarios, a través del Banco del Pueblo y el Banco
de la Mujer, no ha arrojado logros concretos, porque que estas
experiencias carecen de criterios y sistemas confiables para
escoger a los destinatarios. “La experiencia con el Banco del
Pueblo ha sido nefasta. Incluso las autoridades de esta entidad
bancaria así lo han reconocido. No obstante, la experiencia de
los microcréditos en el mundo ha sido efectiva y en el país
tenemos una experiencia positiva con Bangente; positiva para la
banca y para los deudores. Ahora, si lo planteas de la manera
como se hizo con el Banco del Pueblo, está destinado al fracaso,
porque fue mal gerenciado y no tienen capacidad de selección”,
sostuvo.
Aseguró que el Gobierno ha diseñado numerosos planes para
incentivar a la pequeña y mediana industria, “pero la inversión
pública y privada ha disminuido de manera progresiva, y por ello
hay menos empresas, y obviamente, menos empleo. Una cosa es lo
que se dice y otra es lo que ocurre en la realidad”.
Explicó que el crecimiento de la informalidad, mantenimiento de
cifras elevadas - en más de dos dígitos- del desempleo y un alto
numero de personas que viven en la pobreza es “una bomba de
tiempo que si no se toman medidas inmediatas, puede estallar en
cualquier momento”.
En opinión de Páez un buen paso en esa dirección sería
desarrollar políticas que estimulen, por ejemplo, el sector de
la construcción. Esto podría hacerse a través de la creación de
infraestructuras nacionales como autopistas, aeropuertos,
carreteras. “Si logra realizar inversiones en esta área, se
alcanzaría la dinamización de una parte del mercado”.
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